Las muertes de reales o supuestos delincuentes en alegados intercambios de disparos con la Policía no se han quedado, a diferencia de otros tiempos, en el escarceo mediático. O en la indignación de quienes ven los homicidios como una cacería o en el respaldo de quienes se identifican con la aplicación del llamado “código 29” en la lucha contra el raterismo y la criminalidad callejera a nombre de la seguridad ciudadana y el orden público.
Un grupo de abogados le ha tomado prácticamente la palabra al director de la Policía, Ernesto Rafael Rodríguez García, al recurrir ante la Procuraduría General de la República para que investigue 47 muertes en operativos efectuados por el denominado cuerpo del orden en 42 días. Sobra resaltar que República Dominicana se rige por un Estado de derecho.
Al cuestionar los supuestos intercambios de disparos que alega la Policía, los abogados solicitaron al Ministerio Público análisis de autopsias, pruebas balísticas, grabaciones de cámaras corporales, actas procesales y testimonios de personas sobre los casos. Con el paso no han hecho más que lo pedido por Rodríguez García de que se recurra a las autoridades judiciales para que se investigue cada uno de los homicidios.
Como la procuradora Yeni Berenice Reynoso se ha mostrado una ardiente defensora de la ley y la transparencia, se supone que no archivará la investigación sobre las muertes en supuestos intercambios de disparos causadas por patrullas de la Policía para establecer la verdad. En tanto muchos hablan de excesos, el cuerpo califica los homicidios de legítimos.
La verdad tiene que resplandecer, habida cuenta de que la Policía no posee una licencia especial para operar al margen de la ley.
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