El coronel De León y los agentes de la Policía Nacional involucrados en el forcejeo y colocación de esposas a la diputada Millys Johanna Martínez Morillo en Elías Piña se enfrentan a graves consecuencias legales y disciplinarias debido a la violación directa de la inmunidad parlamentaria establecida en la Constitución de la República Dominicana.

Alfredo Pacheco condena agresión contra diputada Millys Martínez y advierte sobre violación a la Constitución

A continuación se detallan las posibles sanciones y consecuencias según el marco legal dominicano:

1. Violación Constitucional (Inmunidad Parlamentaria)

El artículo 86 de la Constitución de la República Dominicana consagra la protección de la función legislativa: [1, 2]

  • Privación de libertad prohibida: Ningún senador o diputado puede ser privado de su libertad durante la legislatura sin la autorización de la cámara a la que pertenece. [1]
  • Excepción única: Que el legislador sea sorprendido en flagrante delito (cometiendo un crimen en el momento). Dado que el incidente se originó por una presunta intervención por ruido/música y el reclamo de la diputada ante el arresto de un joven, no aplica la excepción de flagrancia para un crimen. [1, 2, 3]

2. Consecuencias Penales (Código Penal Dominicano)

Con la vigencia de las normativas del Código Penal, los agentes pueden ser procesados formalmente por la vía judicial: [1]

  • Arresto o detención ilegal (Abuso de Autoridad): El Código Penal sanciona penalmente a los funcionarios públicos o agentes de la autoridad que priven de libertad a una persona mediante violencia o abuso de autoridad fuera de los casos permitidos por la ley. El hecho de esposar a una legisladora protegida por inmunidad califica directamente como una detención ilegal arbitraria. [1, 2, 3]
  • Delito de Violencia: Dependiendo de las agresiones físicas denunciadas o visibles en los videos (la diputada manifestó públicamente que las esposas le lastimaban), se pueden sumar cargos por golpes y heridas o trato cruel y degradante. [1]

3. Sanciones Disciplinarias Internas (Ley de la Policía Nacional)

La Dirección General de la Policía Nacional ya asignó el caso a la Inspectoría General para una investigación exhaustiva. De confirmarse las faltas, las sanciones administrativas bajo su reglamento interno contemplan: [1, 2]

  • Suspensión inmediata: Apartar a los oficiales de sus funciones mientras concluyen las pesquisas (un procedimiento estándar en este tipo de abusos de poder). [1]
  • Destitución y Baja por Falta Muy Grave: El uso desproporcionado de la fuerza, el irrespeto a las investiduras constitucionales del Estado y actuar en flagrante violación a las leyes conlleva la separación deshonrosa de las filas policiales (destitución) y su posterior sometimiento a la justicia ordinaria. [1]

Estado Actual del Caso

Aunque la Policía Nacional emitió un comunicado preliminar negando que se tratara de un arresto formal, las evidencias audiovisuales muestran a la legisladora sometida a la fuerza y esposada junto a otra persona. Por esta razón, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó enérgicamente la agresión y se mantiene activa la investigación que determinará el alcance de los cargos penales y administrativos contra el coronel y su contingente. [1, 2, 3, 4, 5, 6]

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