Una sentencia que debe ser observada

Recientemente, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC-0788-24 que declara inconstitucional los artículos 152 y 157 de la ley 20-23, de Régimen Electoral, que versan sobre las candidaturas políticas independientes de partidos políticos fruto a que hay una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados que condicionaba la posibilidad de participar como independiente a la creación de una organización política.

El dispositivo de esta sentencia señala que, cito textualmente: «El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», señala el dispositivo de la sentencia.

Esta sentencia, fue el fruto de una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Fiallo Scanlon, el abogado que quiso ser candidato a senador en el Distrito Nacional en el 2024, y no pudo serlo, y que, con esta acción, buscaba la anulación de estos dos artículos de la ley del régimen electoral, que facilita a partir del 2028 las candidaturas individuales a cualquier posición electiva, sin estar registrado o avalado por un partido o una entidad política.

La sentencia, cuenta con dos votos disidentes, siendo de ellos el de la magistrada Army Ferreira quien sustenta que el TC no puede ejercer funciones legislativas, como lo hace al sugerir cómo debería quedar el párrafo en la ley, para acoger las candidaturas de movimientos independientes y citó textualmente: el remedio constitucional adoptado por un tribunal no debe buscar reemplazar la función legislativa, sino ofrecer una solución temporal mientras el Legislativo cumple con su deber constitucional. Por lo tanto, sostengo que estas decisiones deben ser específicas y concretas, limitándose a los aspectos puramente necesarios para corregir la omisión o insuficiencia detectada, ofreciendo criterios interpretativos generales y absteniéndose de imponer soluciones sustantivas.

A su vez, ella añade un argumento complementario cuando expresa que: El Tribunal Constitucional debe ser consciente de los límites de sus competencias y actuar solo en situaciones donde la omisión legislativa comprometa gravemente el orden constitucional y lo mínimo necesario para preservar el precepto normativo bajo escrutinio, especialmente porque en casos de relevancia como la especie, este colegiado debe analizar el impacto de su decisión y no solo atenderlo como la solución a una controversia o debilidad en una ley.

Por otro lado, el magistrado José Alejandro Vargas dice: “Conservando siempre el debido respeto por las opiniones contrarias a la nuestra, nos vemos compelidos a discrepar de los criterios defendidos en esta sentencia en torno al punto en debate, ya que esto nos obliga a advertir sobre el riesgo que, a nuestro juicio, expone al ordenamiento jurídico electoral dominicano”.

A nosotros nos parece que esta sentencia debe ser observada, en cuanto a forma y fondo.

No nos oponemos a las candidaturas independientes que nosotros cambiaríamos esa terminología y expresáramos que son: candidaturas sin respaldo de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas ya registradas, porque expresar candidaturas independientes hasta pareciera que todas las candidaturas son expresadas dentro de una misma organización política cuando no es así, ahora bien, no nos oponemos porque la constitución de la República Dominicana, en su Título I que habla de la Nación, del estado, de su gobierno y de sus principios fundamentales, Capítulo V de la población, Sección II de la ciudadanía, establece en su artículo 22 al referirse a los derechos de la ciudadanía, que es un derecho elegir y ser elegibles para los cargos que establece la constitución.

Ahora bien, la cuestión es que, esta sentencia, abre paso a que todo aquel y/o aquella, que ha estado en descontento con el sistema de partidos políticos, alce el vuelo para presentarse como candidato, no importa su origen, credo, raza, color, religión. Podrá ser candidato sin tener que estar respaldado por una agrupación política.

Y si, si bien es cierto, la ley de régimen electoral 20-23 es una arquitectura hecha a la medida de los grandes partidos del sistema, pero en ese campo como expresaba en mi artículo anterior, hemos decidido nosotros como organización política participar, y si bien es cierto, no nos corresponde defender esa ley, si no, procurar que sea una ley adecuada de forma equitativa a todos los movimientos, agrupaciones y partidos políticos incluyendo el nuestro el partido politico en el que hago militancia partidaria, el Frente Amplio. Observar la sentencia, es hasta un asunto hasta de rigor científico. Quizás para unos sea una sentencia que venga a fortalecer el sistema actual de partidos y organizaciones políticas, pero a nuestro modo de ver, nos parece que es un atentando contra el mismo y que nos afecta directa y significativamente.

Hablar de fortalecer los partidos pasará de moda. Hablar de afiliación pasará de moda. Hablar de cómo hacer que la gente se interese por los partidos pasara de moda, desde que todos estos candidatos independientes, salgan a las calles a candidatearse. ¡Ay! Sobre todo, los candidatos que van a venir desde la cultura: El Mundo del dembow.

¡Insisto!  La sentencia debe ser observada, estudiada, porque tiene implicaciones profundas a corto, mediano y largo plazo, y debemos estar atentos y vigilantes contra esto.

Es de rigor que ahora la ley 20-23 deberá ser modificada, para sacar de la misma estos dos artículos que han sido declarados inconstitucional, y eso traerá una tercera modificación a dicha ley ya que en el 2019 fue su proclamación sustituyendo la ley electoral de 1997 que regía el país en materia electoral.

Luego de las elecciones del 2020 y varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior Electoral (TSE) recriminando la ambigüedad de la ley con relación a varios temas, se hizo imperiosa la necesidad de modificar la misma.

Posterior, ahora en febrero del año pasado (2023), fue promulgada la actual ley 20-23, que trajo consigo la implementación de un sistema de consecuencias por exceder el tope de los gastos de campaña, la creación de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales y luego de esta sentencia, se obliga al congreso hacer las modificaciones de lugar a la misma.

Observemos la sentencia.