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La XXII Cumbre Judicial terminó este viernes reafirmando que la independencia de jueces es clave para proteger la democracia en Iberoamérica
Con un llamado a fortalecer la independencia judicial y a consolidar sistemas de justicia más accesibles, transparentes y cercanos a la ciudadanía, los presidentes de Cortes Supremas y Consejos de la Judicatura de Iberoamérica firmaron la Declaración de Santo Domingo, durante la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, que concluyó este viernes 16 mayo de 2025.
El documento establece una hoja de ruta para construir una justicia comprometida con la libertad, la igualdad, la solidaridad y la dignidad humana, en un contexto regional marcado por desafíos democráticos, desigualdades persistentes y la necesidad de innovar frente a nuevas realidades como la inteligencia artificial.
Justicia como pilar de las democracias
En su declaración, los máximos representantes del poder judicial de 23 países reafirmaron que la justicia es «la piedra angular de las sociedades libres, democráticas y solidarias».
El fortalecimiento de la independencia, integridad y autonomía de los tribunales se presenta como prioridad, subrayando que las interferencias —incluso desde las propias estructuras estatales— debilitan la estabilidad institucional y la confianza social.
Productos axiológicos: el legado de la Cumbre
La Declaración de Santo Domingo también reconoció los logros históricos de la Cumbre Judicial Iberoamericana a través de sus productos axiológicos, entre ellos:
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- El Estatuto del Juez Iberoamericano (2001)
- La Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia (2002)
- Las Cien Reglas de Brasilia para la atención a personas vulnerables (2008, actualizadas en 2018)
- El Código Iberoamericano de Ética Judicial, y otros instrumentos clave para la transparencia, igualdad y modernización de la justicia.
Estos documentos son considerados pilares en la planificación estratégica de los poderes judiciales, garantizando calidad, ética y enfoque en los derechos humanos.
- Independiente: libre de presiones externas e internas.
- En libertad: protectora de los derechos individuales y colectivos.
- Con igualdad: garantizando acceso efectivo a la justicia para personas y grupos vulnerables.
- Solidaria: impulsando la cooperación y el intercambio de buenas prácticas.
- Digna: respetuosa de la persona, con perspectiva de género y enfoque de derechos.
Además, se reafirmó la importancia de la integridad, transparencia y rendición de cuentas, bajo los estándares del Decálogo Iberoamericano de la Justicia de Calidad.
Retos emergentes: tecnología y derechos ambientales
La Cumbre dedicó especial atención a la digitalización y al impacto de la inteligencia artificial en la administración de justicia. Se enfatizó la necesidad de incorporar estas herramientas con control humano y ética, evitando sesgos discriminatorios y protegiendo la imparcialidad en la toma de decisiones.
Otro compromiso clave fue el fortalecimiento de la protección de los derechos ambientales, destacando la justicia como espacio de defensa frente a la crisis climática y sus efectos sobre las generaciones futuras.
Llamado a la acción regional
Finalmente, la declaración insta a los Poderes Judiciales de Iberoamérica a integrar estos principios y productos en sus agendas nacionales, promoviendo una justicia centrada en las personas, con visión de futuro y adaptada a las necesidades sociales.
«La Declaración de Santo Domingo es más que un documento: es un llamado urgente a fortalecer nuestras democracias y estados de derecho, en un contexto de cuestionamientos y desafíos globales», expresa el texto firmado por representantes de Andorra, Argentina, Brasil, España, México, Portugal, República Dominicana y el resto de los países miembros.
