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SANTO DOMINGO.- El jurista Namphi Rodríguez informó que, tras escuchar las objeciones generadas por el proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, propondrá retirar el capítulo referente a las plataformas digitales, con el fin de superar las críticas y aprensiones difundidas en las redes sociales.
Adelantó que su intención es someter ante la Comisión para la Libertad de Expresión (CCLEX) la propuesta de eliminar el capítulo IV, relativo a las plataformas de contenidos en Internet, y limitar las competencias del Instituto Nacional de Comunicación Audiovisual (Inacom) exclusivamente a la tutela de los derechos de la niñez y la infancia, así como a la regulación de los espectáculos públicos.
Durante su participación en el programa Telematutino 11, Rodríguez —director ejecutivo de la comisión designada por el decreto 333-22 del presidente Luis Abinader— indicó que llevará la propuesta a los redactores del proyecto de ley para que sea presentada formalmente ante la comisión senatorial que estudia la pieza legislativa.
Explicó que el objetivo del proyecto es evitar la censura ejercida por grandes plataformas digitales como Facebook, Instagram y X (Twitter) contra los medios de comunicación y los creadores de contenido. Sin embargo, reconoció que se ha generado confusión en redes sociales, donde se interpreta que el proyecto podría dar lugar a controles estatales.
“Como defensores de la libertad de expresión durante las últimas dos décadas, estamos profundamente convencidos de que las redes sociales son esenciales para el clima democrático, como lo sostuve en la sentencia TC/0092/19, que buscaba impedir la imposición de penas de hasta un año de prisión a quienes difundieran noticias negativas sobre figuras políticas”, señaló.
Rodríguez afirmó que, al consultar a actores del ecosistema de opinión pública en redes sociales, ha comprobado que los aspectos más controvertidos del proyecto son precisamente la regulación de las plataformas digitales y las competencias otorgadas al Inacom. Por ello, confía en que se pueda avanzar en la reforma y construir consensos para la modernización de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, vigente desde 1962.
“Con esta propuesta albergo la esperanza de que podamos superar las dificultades actuales y avanzar hacia una legislación que garantice la libertad de expresión, impida la censura y mantenga un sistema de responsabilidad basado en decisiones de jueces independientes”, agregó.
Asimismo, destacó que, al excluir las plataformas digitales del proyecto de ley, quedará abierta la posibilidad de convocar en el futuro un debate específico con las redes sociales y grandes plataformas de telecomunicaciones, a fin de construir un consenso sobre una regulación alineada con los estándares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, organismos internacionales líderes en esta materia.
“Intentamos construir un modelo de regulación convergente que abarcara todas las manifestaciones de la libertad de expresión —prensa tradicional, radio, televisión y redes sociales—, pero tal vez en el futuro lo más conveniente sea una regulación separada y especializada para las plataformas digitales”, comentó, insistiendo en la necesidad del consenso con todos los sectores.
El jurista y académico valoró como saludable para la democracia el debate que se ha generado en torno al proyecto de ley, y agradeció el respaldo recibido por instituciones de la sociedad dominicana, como el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y la Sociedad Dominicana de Diarios.
