La Fuente RD
Santo Domingo.– El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, expresó este martes sus preocupaciones sobre el nuevo proyecto de Ley Orgánica sobre la libertad de expresión presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo, al considerar que, aunque tiene avances, también incluye disposiciones que podrían representar riesgos para la democracia y la libertad de prensa en la República Dominicana.
A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Ulloa valoró algunos aspectos positivos del anteproyecto, como la prohibición de la censura previa, el reconocimiento del acceso a internet como derecho, la protección del ejercicio periodístico y la inclusión de una perspectiva enfocada en la niñez. Sin embargo, advirtió que “hay aspectos que deben corregirse para proteger la libertad, no restringirla”.
¿Uno de los puntos más cuestionados es la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), un órgano regulador que estaría adscrito al Ministerio de Cultura. Ulloa planteó dudas sobre su independencia: “¿Puede un órgano con tanto poder funcionar sin control político real? Regulación sin independencia no es garantía, es riesgo”.
También criticó el artículo 65 del proyecto, que permite suspender transmisiones por hasta 90 días y aplicar multas de hasta 200 salarios mínimos por “infracciones graves”, sin definir con claridad qué constituye una infracción de ese tipo. “Ambigüedad más discrecionalidad es igual a puerta abierta a la censura”, advirtió.
Otro elemento controversial es la exigencia de que plataformas digitales con más del 10 % de usuarios dominicanos tengan representación legal en el país. Aunque reconoce la intención de promover la responsabilidad, Ulloa alertó sobre un posible exceso regulatorio que podría presionar a voces críticas en el ámbito digital.
Asimismo, lamentó que el proyecto no establezca reglas claras para el uso de la publicidad estatal, lo que a su juicio podría derivar en censura indirecta al convertir los recursos públicos en premios o castigos para medios de comunicación.
El defensor del pueblo también denunció la falta de consulta amplia con periodistas, medios y gremios, lo cual, dijo, debilita la legitimidad democrática del proceso legislativo. “La participación es parte del derecho. Sin debate público, no hay legitimidad democrática”, sostuvo.
Finalmente, hizo un llamado a que cualquier reforma legal en materia de libertad de expresión respete el artículo 49 de la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional. “Una democracia fuerte no le teme a la crítica: la escucha”, concluyó.
