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La decisión fue tomada luego de que el magnate Elon Musk revelara el lunes que la Usaid, que gestiona miles de millones de dólares en cooperación en todo el mundo, «cerrará»
Todo el personal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) será puesto en licencia administrativa a partir del viernes, incluidos los funcionarios desplegados en extranjero, según un documento publicado por la entidad en su web el martes por la noche.
La decisión fue tomada luego de que el magnate Elon Musk, el hombre más rico del mundo y polémico asesor del presidente Donald Trump que tiene como tarea reducir el gasto gubernamental, revelara el lunes que la Usaid, que gestiona miles de millones de dólares en cooperación en todo el mundo, «cerrará».
El secretario de Estado, Marco Rubio, precisó posteriormente que no desaparecerá, pero que pasará bajo su control ya que Estados Unidos no hace «caridad».
Desde entonces, decenas de altos funcionarios de la Usaid ya habían sido puestos en baja laboral y el acceso a la sede principal de la agencia en Washington fue bloqueado.
«El viernes 7 de febrero de 2025, a las 11:59 p.m. (hora del este) [04H59 GMT del sábado], todos los empleados directamente contratados por Usaid serán puestos en licencia administrativa en todo el mundo», con excepción del personal considerado esencial, según la nota publicada en internet.
Los trabajadores desplegados en el extranjero y sus familias disponen de 30 días para regresar a Estados Unidos, añade el memorando, sin dar más detalles.
La decisión ha sorprendido y conmocionado a la agencia independiente, creada por una ley del Congreso estadounidense en 1961 y que cuenta con un presupuesto de más de 40.000 millones de dólares para ayuda humanitaria y al desarrollo en todo el planeta.
La Usaid emplea a unas 10.000 personas, dos tercios de las cuales están destinadas en el exterior, según el Servicio de Investigación del Congreso.
Poco después de regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump ordenó congelar la ayuda exterior estadounidense, salvo algunas excepciones, mientras se revisa durante 90 días si se ajusta a sus objetivos de política exterior.
