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De igual forma se conoció el expediente TC-01-2024-0044, en el que el accionante, Víctor Alejandro Lara Lluberes, ataca el artículo 11, parte in fine, de la Ley 327-98 sobre Carrera Judicial, del 11 de agosto de 1998.
SANTO DOMINGO. – El Pleno de jueces del Tribunal Constitucional (TC), encabezado por el magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente Napoleón R. Estévez Lavandier, celebró este miércoles una audiencia pública en la que conoció ocho expedientes de acción directa de inconstitucionalidad.
En la audiencia, realizada en la sede principal de esta corte, los jueces del TC vieron el expediente TC-01-2024-0043, interpuesto por Roque Alejandro Espaillat Tavárez, en contra de los artículos 1 y 3 de la Ley 61-24 del 2 de octubre de 2024, que declara la necesidad de reformar la Constitución en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274, adicionar una disposición general como artículo 278, y revisar y adicionar disposiciones transitorias, así como el acto de aprobación en primera y segunda lectura por parte de la Asamblea Nacional Revisora de la modificación del artículo 268 de la carta magna y el incumplimiento del artículo 272 párrafo III de la misma.
De igual forma se conoció el expediente TC-01-2024-0044, en el que el accionante, Víctor Alejandro Lara Lluberes, ataca el artículo 11, parte in fine, de la Ley 327-98 sobre Carrera Judicial, del 11 de agosto de 1998.
Asimismo, conocieron el expediente TC-01-2024-0046, en el que los accionantes Juventud con una Misión (Jucum), Mercedes Núñez Avilés, Pío Peguero y Carmen Orozco Martínez, atacaron la Ley 61-24, del 2 de octubre de 2024, que declara la necesidad de reformar la Constitución en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274, adicionar una disposición general como artículo 278, y revisar y adicionar disposiciones transitorias.
Los magistrados también ventilaron el expediente TC-01-2024-0049, interpuesto por Jhonny Robinson Almánzar y Vladimir Reynoso González, contra los artículos 154, numeral 4; 173, numerales 3 y 7; 174, numerales 8, 9, 175 y su párrafo; y 247 de la Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas, del 19 de septiembre del 2013.
En esta audiencia los jueces del TC conocieron, además, el expediente TC-01-2024-0050, donde José Franklin Zabala Jiménez ataca la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias, del 26 de septiembre de 2019.
Otro expediente fue el TC-01-2024-0048, presentado por Leandro Duarte Nina Fortuna contra el artículo 1, numeral 180 del Decreto 114-21, que concede el beneficio de la jubilación y eleva el monto de pensiones especiales otorgadas por el Estado dominicano por antigüedad a varios servidores públicos, emitido por el Poder Ejecutivo el primero de marzo de 2021.
También conocieron el expediente TC-01-2024-0045, en el que Mirope Bernardita Sosa Almánzar ataca el Decreto 463-04, del 24 de mayo de 2004, que establece el Reglamento de las Instituciones de Educación Superior.
Finalmente, los jueces del TC revisaron el expediente TC-01-2024-0051, interpuesto por Soll Systems SRL contra el artículo 20 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, del 17 de diciembre de 2014.
Además del magistrado Valera Montero, en la audiencia pública estuvieron presentes los magistrados Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente, Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, José Alejandro Vargas Guerrero, Sonia Díaz Inoa, José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Army Ferreira, Amaury A. Reyes Torres, y la secretaria de esta alta corte, Grace Ventura Rondón.
