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Realizan marcha en la caleta en contra de desalojos arbitrarios

Un grupo de comunitarios del sector el gran valiente, perteneciente al municipio de la Caleta hicieron un llamado al Presidente de la Republica Luis Abinader Corona, a que vaya en auxilio de estos debido a las constantes amenazas y desalojos, ademas de exigir el arreglo inmediato de las calles, con sus aceras, contenes y asfalto.

Las demandas que exigimos, fueron anunciadas para resolverla por el señor presidente Luis Abinader en varias ocasiones. Ahora se le ha
despertado el apetito de reclamar en la parcela 213, 214, 210-B con su subdivisiones, 196 197 del distrito catastral 32, entre otras.¨ declaro Santos Mota, dirigente comunitario

Solicitaron la declaración de utilidad Pública para garantizar a la población su permanencia en el territorio con la adecuada indemnización o permuta a los propietarios y así titular el suelo a las familias que tanto esfuerzo y sacrificio durante años han construido sus viviendas, ya que la constitucion garantiza ese derecho

En cuanto a las calles en el 2021 el presidente anunció 90 millones para iniciar el arreglo de las calles y luego lo anunció con los recursos de Aerodom, aún esa promesa los comunitarios dicen decir que estan a la espera, ya que las calles están intransitables.

¨Ante todo lo mencionado estamos solicitando al señor presidente constitucional su intervención urgente para detener los desalojos que insistentemente pretenden realizar la familia los geraldinos con el axuilio Jose Rivas en la parcela 213, los cuales mantienen una persecusion a las familias que moran en este entorno al igual que los que habitan las parcelas numeros 210-B-210-B-5, 210-B-6, 196, 197, entre otras.¨ manifesto Santos Mota.

Expresaron que desean vivir en paz con seguridad del suelo, en un entorno saludable tal y como establece la Constitución y las leyes dominicanas a la vez que recordaron la importancia de declarar una moratoria ante los desalojos forzosos reconociendo que en el país existe un conflicto social generado por el déficit habitacional, la inseguridad jurídica de la tenencia y la ausencia de políticas públicas de viviendas por décadas.

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