La Fuente Rd
Santo Domingo, RD.- En su informe anual, el movimiento cívico Participación Ciudadana criticó fuertemente el desempeño de las instituciones encargadas de fiscalizar y controlar los actos del gobierno, destacando especialmente a la Cámara de Cuentas. Según el grupo, esta inacción en los procesos de control ha provocado una ralentización de los casos de corrupción que aún permanecen en los tribunales.
Erick Hernández, Coordinador General de Participación Ciudadana, manifestó que la Cámara de Cuentas, principal órgano fiscalizador del Estado, debe ser completamente renovada en el marco de las evaluaciones que realiza el Congreso. Esta renovación, según Hernández, es fundamental para mejorar la eficacia en la lucha contra la corrupción, una tarea que, hasta el momento, ha mostrado resultados insuficientes.
En su balance, el movimiento señaló que la falta de acción de estos organismos, como la Cámara de Cuentas, está estancando la lucha contra la corrupción. Además, cuestionaron las normas del poder judicial que, según ellos, obstaculizan el acceso a información crucial sobre los imputados en casos de corrupción, lo que limita la transparencia y la rendición de cuentas.
Leydi Blanco, miembro de Participación Ciudadana, expresó su preocupación por la falta de acceso a datos que permitan conocer la identidad de los involucrados en estos casos, lo cual, en su opinión, podría afectar negativamente la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por la justicia.
Un llamado a la reforma fiscal y constitucional
Participación Ciudadana también aprovechó la ocasión para hacer un llamado al gobierno sobre el endeudamiento público. Consideraron que el gobierno debe reducir su ritmo de endeudamiento y reorientar la inversión para atender las verdaderas necesidades del país, promoviendo una modificación y eficientización fiscal. Además, en cuanto a la reforma constitucional, el movimiento destacó que la propuesta de limitar a dos años el mandato del procurador afectaría su independencia, lo que podría debilitar aún más el sistema judicial.
