
El abogado y catedrático Namphi Rodríguez ofreció detalles sobre el proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, elaborado por la Comisión para la Libertad de Expresión (Cclex), con el propósito de fortalecer los derechos ciudadanos en el entorno digital y modernizar la legislación vigente.
Rodríguez explicó que esta iniciativa busca reformar la antigua Ley 6132 de 1962, con un enfoque centrado en garantizar la libertad de expresión y proteger los derechos de los usuarios de plataformas digitales. Entre los aspectos más relevantes, destacó que el proyecto elimina las penas de prisión por delitos de difamación e injuria.
Como coordinador de la comisión redactora, Rodríguez aclaró que el nuevo marco legal no otorga al órgano regulador facultades para eliminar contenidos de plataformas digitales ni obliga a los medios de comunicación a colaborar con entidades estatales.
Además, indicó que el proyecto establece obligaciones de transparencia para grandes plataformas como Facebook, Instagram y X (antes Twitter), que deberán informar al Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) sobre sus políticas de moderación de contenido, a fin de evitar casos de censura indebida.
Sobre atribuciones del Inacom
Namphi Rodríguez enfatizó que el Inacom no tendrá atribuciones para sancionar contenidos de medios ni publicaciones personales en redes sociales, salvo en casos que comprometan la protección a la niñez y la dignidad humana. Subrayó que la sanción de delitos contra el honor seguirá siendo competencia exclusiva de los jueces.
En cuanto a la responsabilidad de las plataformas, el abogado señaló que estas solo podrán resultar consideradas civilmente responsables si incumplen una sentencia judicial, como lo establece el artículo 24 del proyecto de ley.
El jurista resaltó que la propuesta se redactó por un grupo de expertos independientes con amplia trayectoria en la defensa de la libertad de expresión. El texto ha sido discutido durante más de dos años con distintos sectores nacionales e internacionales, y cuenta con el respaldo de entidades como la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), así como académicos y juristas. Finalmente, Rodríguez afirmó que el proyecto cumple con los estándares internacionales establecidos por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las directrices de gobernanza de plataformas digitales emitidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco).