Rafael Vallejo Santelises aseguró no estar de acuerdo con el proyecto entregado por el órgano a la Cámara de Diputados para crear una ley que regule las candidaturas independientes
El miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), Rafael Vallejo Santelises, aseguró no estar de acuerdo con el proyecto entregado por el órgano a la Cámara de Diputados para crear una ley que regule las candidaturas independientes.
Al pasado 1 de abril, el magistrado Vallejo Santelises entregó ante el pleno de la JCE, presidido por Román Jaques Liranzo, un documento en el que manifestó su rechazo a la pieza, alegando que la propuesta legislativa “resulta contraria” a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC).
Los artículos declarados inconstitucionales por el TC fueron el 156 y 157 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral, en los cuales eliminó la necesidad de utilizar una organización política para participar en los procesos electorales. Colocando como uno de los únicos requisitos la certificación de una organización civil.
En el documento, le indicó a los demás integrantes de la entidad electoral que “no resulta razonable” que los ciudadanos necesiten presentar sus aspiraciones independientes por medio de un modelo de organización social, afirmando que no estaría en consonancia con lo dictado por el TC, en la sentencia TC/0788/2024.
Asimismo, el jurista indicó que esto significaría un proceso de “sobrerregulación” para el funcionamiento de esta figura en los procesos electorales.
Además de expresar sus diferencias, Vallejo Santelises recordó su propuesta para readecuar este método de postulación, versado en el marco legislativo electoral. No obstante, sus sugerencias no fueron acogidas por el pleno, al que pertenecen también Samir Chami Isa, Dolores Fernández e Hirayda Fernández.
Esta proponía crear una ley que contenga, “entre otros componentes”, la definición de las candidaturas independientes, elementos consultivos, mecanismos de control del financiamiento privado, determinación de los porcentajes para poder participar en los comicios en función de las distintas circunscripciones.
Así como también el medio destinado a la aprobación de los aspirantes y el reconocimiento de la personería jurídica de las organizaciones que los sustenten, “todo mediante un proceso similar al utilizado en el conocimiento de los partidos políticos” dictados en la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Estudio del proyecto
A pesar de esta posición contraria, junto a la emitida por actores políticos, quienes consideran que la alta corte constitucional debería reconsiderar su decisión, el estudio de la pieza en la Cámara de Diputados continúa sin detención.
Precisamente, representantes de las organizaciones políticas mayoritarias, conformadas por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y Partido de la Liberación Dominicana (PLD); participaron este lunes en una reunión de la comisión especial encargada del proyecto de ley.
En este encuentro, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza; secretario general del PLD, Jhonny Pujols; y el miembro de la Dirección Política de la FP, Natanael Concepción; coincidieron en que el documento legislativo elaborado por la JCE es acertado, debido a que durante la fase inicial fue sometido a una etapa de consenso entre las entidades que integran el sistema de partidos.
El presidente de la mesa legislativa, diputado Elías Wessin, informó que escucharán a las agrupaciones políticas minoritarias restantes, para garantizar el acuerdo de todos los actores vinculados. Al igual que adelantó que la pieza de la JCE será evaluada junto a las sugerencias emitidas por el miembro del órgano, Vallejo Santelises, y otro proyecto de ley situado en la cámara baja.
¿Qué propone la JCE?
El órgano electoral pretende sustituir a los partidos políticos por asociaciones cívicas, las cuales fungirían como la única vía para postular las candidaturas independientes. Están diseñadas para fines electorales; su creación, duración y permanencia estarán limitadas al proceso electoral correspondiente.
Los candidatos independientes recibirán “únicamente” financiamiento de fuentes privadas, el cual contendrá las mismas restricciones aplicadas a las agrupaciones políticas, contenidas en las normas electorales.
Además, coloca límites en la cantidad de candidatos independientes que podrán estar en la boleta electoral, entre otras restricciones.