La Fuente RD
En la última reunión entre la Junta Central Electoral (JCE) y una comisión especial de diputados para discutir las candidaturas independientes renació la necesidad entre los congresistas y los miembros del organismo de establecer por normativa el voto automatizado para las elecciones del 2028.
La propuesta la lanzó ayer el miembro titular de la JCE, Samir Chami Isa y fue respaldada por el presidente de la comisión especial, el diputado Elías Wessin Chávez. De acuerdo con el legislador, la sugerencia tuvo un gran respaldo ante la gran cantidad de personas que figurarían en una boleta electoral si se aprueban las candidaturas independientes.
En detalle, el diputado Wessin Chávez rechazó que, aún con todas las innovaciones tecnológicas actuales, el país se encuentre «estancado» en unas votaciones manuales que, si próximamente integran la nueva figura del candidato independiente, serían «traumáticas» por la cantidad de postulaciones impresas en las boletas.
«Ciertamente tenemos que ir acorde con la tecnología de los tiempos porque, ¿cómo va a ser que estemos todavía votando manualmente con una caterva de candidatos cuando podemos hacerlo electrónicamente?», se cuestionó el legislador al sugerir que el tema del voto automatizado se contemple dentro del mismo proyecto de candidaturas independientes que actualmente analiza la comisión que él dirige.
Menos firmas
En la misma reunión con los diputados, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, sugirió a la comisión que cambie su propuesta original sobre las candidaturas independientes para que los aspirantes desligados de partidos políticos tengan menos trabas al participar en las elecciones.
En específico, Jáquez Liranzo pidió a la comisión de diputados que reconsidere el criterio utilizado para calcular el porcentaje de apoyo ciudadano exigido a las candidaturas independientes y consideró que el 2 % de las firmas requeridas en el proyecto debe calcularse no sobre la totalidad de inscritos en el padrón electoral, sino sobre el llamado padrón de electores, es decir, únicamente las personas que ejercieron el voto en el proceso anterior.
El proyecto original de la JCE establece que, en el caso de un candidato independiente que aspire a la Presidencia de la República, el aspirante debe contar con el 2 % de las firmas registradas del padrón electoral, que actualmente se ubica en 8,145,548 dominicanos.
Sin embargo, aunque la cantidad del padrón electoral supera los ocho millones, el presidente de la JCE explicó que no todos acudieron a votar en las elecciones del 2024. En consecuencia, la Junta propuso que el apoyo exigido a los independientes a través de firmas solo considere a los ciudadanos que sufragaron.
La diferencia entre ambos registros puede representar cientos de miles de personas. Por ejemplo, si el proyecto de ley se aprobaba tal como está, un candidato independiente que aspire a la presidencia de la República, tendría que buscar alrededor de 162,910 firmas para sustentar su postulación ante la JCE.
Sin embargo, con la modificación sugerida, el candidato deberá amparar su aspiración independiente con menos firmas.
El único punto que el Pleno decidió dejar a reconsideración del Congreso fue precisamente el de la cantidad de firmas, al interpretar que la sentencia del Tribunal Constitucional que habilita las candidaturas independientes no define con claridad a qué padrón se refiere, por lo que la JCE considera que la exigencia «debe ser proporcional y realista».
Sin los partidos
El órgano electoral aclaró que su propuesta sobre el 2 % del padrón de electores no fue consensuada con los partidos políticos, sino que fue presentada directamente ante la comisión especial de la Cámara de Diputados que se encarga de estudiar la iniciativa.
La polémica sentencia
La reforma en discusión forma parte de una polémica sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en diciembre del 2024, que declaró que las candidaturas independientes no deben tener los mismos requisitos que los partidos políticos para participar en los comicios.
Esa sentencia obligó a la JCE a proponer un marco legal que permita la postulación de ciudadanos sin afiliación partidaria, garantizando su participación en igualdad de condiciones.
