La Fuente RD
Rechazó recusación del Ministerio Público que la señaló por favorecerlos con varias decisiones
La recusación del Ministerio Público (MP) contra la jueza designada como control de la investigación en el caso de presunta corrupción que involucra a Jochi Gómez y al exdirector del Intrant, Hugo Beras, fue rechazada por la corte, que determinó que la magistrada no actuó con parcialidad ni dio un trato privilegiado a los imputados.
El MP señaló a la jueza Patricia Padilla de ser parcial por autorizar tres viajes a Estados Unidos y a Panamá a Gómez, países que, según dijo, son focos en las indagatorias sobre transferencias y adquisiciones de valores por parte del imputado, lo que pone en riesgo la pesquisa.
También acusó a Padilla por autorizar la devolución de armas de fuego a Gómez, el levantamiento de la inmovilización de bienes a Beras y a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, otro de los siete encartados en las irregularidades en el contrato de modernización del sistema de semáforos para el Gran Santo Domingo.
Palabras de la jueza
La magistrada contestó que no existían «méritos para fundamentar dicha recusación» porque esas decisiones «nunca fueron impugnadas» por el MP. Sostuvo, asimismo, que los viajes se autorizaron para favorecer a los hijos menores del empresario para que disfruten de la «presencia paterna».
Estos argumentos fueron los acogidos por la corte que se basó en los derechos fundamentales de los niños.
Sobre la devolución de bienes a Beras, entre ellos sus empresas, Padilla estableció que el exfuncionario los había adquirido hacía «más de 10 años» y que las acciones que se le atribuyen es a partir del 2022.
Al acoger a unanimidad la defensa de la magistrada, los jueces de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fallaron que «no se aprecia en la misma (recusación), que la jueza recusada haya incurrido en algún tipo de conducta inapropiada».
Los jueces de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte son Doris Josefina Pujols Ortiz, presidenta, Ramona Rodríguez López y Rafael Báez García.
Beras, Gómez y Álvarez Carbuccia son tres de los siete imputados del caso de corrupción. Sobre ellos pesan diferentes medidas de coerción que no incluyen la prisión preventiva.
