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Las instituciones serían creadas por ley y los proyectos ya se encuentran bajo análisis
La visión y la agenda legislativa del Congreso parecen estar desligadas de los objetivos del Gobierno. En el Poder Legislativo existen por lo menos 23 proyectos que buscan crear nuevas instituciones, pese al plan de austeridad que impulsa el presidente Luis Abinader y que persigue eliminar algunas entidades y fusionar otras.
Como parte de su plan de reformas, Abinader impulsa la eliminación y fusión de alrededor de 15 entidades públicas que le ahorrarían al Estado 25,000 millones de pesos. En términos absolutos, las instituciones que serían fusionadas son nueve, las que serían eliminadas son seis y las que el Congreso busca crear son 23.
En caso de que el Congreso apruebe debidamente todos los proyectos de ley para crear nuevas instituciones, los montos anuales de los presupuestos estatales aumentarían, ya que todas las iniciativas, en sus disposiciones finales, ordenan al Poder Ejecutivo a otorgar las partidas correspondientes para cada entidad.
En el ala del Senado solo existen tres proyectos para crear entidades. Uno busca instaurar el Instituto Nacional del Casabe, propuesto por Antonio Marte, otro crearía el Instituto Nacional de la Semilla, autoría de Félix Bautista y el último propone establecer el Ministerio de Protección y Asistencia Social.
En la Cámara de Diputados se encuentra el gran grupo de proyectos que, lejos de impulsar la austeridad y reducción estatal, persiguen crear nuevas entidades públicas que van desde la magnitud de ministerios nuevos hasta oficinas públicas para apoyar a varias instituciones existentes.
Algunos de los proyectos que se estudian en comisiones en la Cámara Baja crearían el Ministerio de la Familia, la Dirección General de los Cementerios, la Superintendencia de Bienes del Estado, la Superintendencia de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones, el Ministerio de Justicia o la Dirección General de Artesanía y Artes Plásticas.
Asuntos municipales
Entre el grupo de proyectos, un poco más de la mitad se encuentra bajo los estudios de las comisiones de Asuntos Municipales y de Agricultura. Estas iniciativas, en esencia, buscan crear entidades dedicadas a actividades meramente agrícolas o exclusivas para algunas comunidades específicas.
Por ejemplo, el sistema de información legislativa registra propuestas para crear la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la provincia Hermanas Mirabal, el Instituto Agroindustrial de la provincia Monseñor Nouel, el Instituto Nacional Apícola, la Corporación Dominicana del Arroz, el Instituto Nacional del Cacao, el Instituto Agroindustrial de la provincia Valverde y el Departamento de Extranjería de los ayuntamientos municipales.
Otros proyectos
Las propuestas restantes están repartidas entre las distintas comisiones de estudios y con ellas, los legisladores analizan la creación de entidades como el Ministerio de la Tecnología, la Agencia Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, la Dirección General de la Policía Municipal y el Instituto Nacional para las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Haití.
Los que más proponen entidades
Los congresistas que han propuesto la creación de nuevas instituciones son 17, pero cuatro de ellos resaltan por ser los que han depositado más propuestas para agrandar al Estado.
El diputado Elías Wessin, del Partido Quisqueyano Democrata Cristiano (PQDC), es el legislador que más ha depositado proyecto con esos fines. Tiene 4 propuestas para crear igual cantidad de entidades.
A él le sigue el diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, con tres proyectos Luego figuran los diputados Ramón Raposo y Nicolás Hidalgo, cada uno con dos proyectos de ley.
Los argumentos
En el Congreso están conscientes del plan para achicar al Estado promovido desde el Gobierno. Así lo demuestran los proyectos de los legisladores. Sin embargo, también argumentan que las instituciones propuestas ayudarían a «mejorar la eficiencia» en la Administración Pública con entidades más cercanas, que agrupen funciones de otras o que descarguen a la Presidencia de todo el control estatal, según consta en las piezas legislativas.
