
Aunque los tres principales partidos mayoritarios del sistema electoral están a favor de las candidaturas independientes y de su regulación, los partidos minoritarios aún no tienen una postura unificada sobre las aspiraciones desligadas de organizaciones políticas y, mientras algunos apoyan la figura, otros rechazan la sentencia del Tribunal Constitucional.
Así lo dejaron expresado los representantes de siete partidos minoritarios que acudieron este lunes a la Cámara de Diputados para debatir los dos proyectos de ley que buscan organizar las candidaturas independientes de cara a las elecciones del 2028.
El presidente de la comisión especial que estudia las iniciativas, el diputado Elías Wessin Chávez, reconoció la falta de acuerdo entre las organizaciones políticas presentes al asegurar que «no hay consenso de toda la fuerza política» con el tema y, por tanto, dijo que el deber del Congreso es armonizar las posturas para lograr la aprobación de la ley.
Entre las organizaciones que apoyaron el reconocimiento de las candidaturas independientes se encuentra el Partido Demócrata Institucional (PDI), cuyo presidente, Ismael Reyes, defendió el derecho de cualquier ciudadano a postularse sin la necesidad de pertenecer a un partido tradicional.
«Es un precepto constitucional. No se le puede impedir a un dominicano o dominicana que cumpla con los requisitos de ley de presentarse como candidato», afirmó Reyes.
A su juicio, una persona que inicia una candidatura independiente termina organizando un movimiento político y, por tanto, los requisitos deben ser equivalentes tanto para los aspirantes que se postulan por un partido como para los que no desean afiliarse a alguna militancia.
FNP: «La sentencia fue una mala respuesta»
En contraste, el exdiputado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, mostró una postura más crítica. Si bien reconoció que se debe cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional, cuestionó su impacto en el sistema democrático.
«Es una respuesta inadecuada y contraproducente a un problema real. Las candidaturas independientes, en un sistema como el nuestro, clientelar y patrimonialista, pueden agravar los problemas del sistema político y precipitar su derrumbe», advirtió.
Castillo alertó sobre los riesgos de que estas figuras sean utilizadas para abrir espacios a grupos empresariales, étnicos o sindicales, lo que, según dijo, podría conducir a una representación corporativa «propia de los sistemas fascistas».
También alertó sobre la posibilidad de que los propios partidos manipulen estas candidaturas para dividir el voto opositor.
Destrucción de los partidos
El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Luis Acosta Moreta (El Gallo), fue aún más directo al acusar a la Junta Central Electoral (JCE) de desviar la atención de «los verdaderos problemas del sistema electoral».
«Esta iniciativa del Tribunal Constitucional lo que quiere es la destrucción de los partidos políticos», dijo al denunciar que la JCE se retrasa en la entrega de las nuevas cédulas y se rehúsa a propulsar el sistema de votos electrónicos, dos temas que, a su juicio, son más relevantes que las candidaturas independientes.
Los próximos pasos
El diputado Elías Wessin confirmó que algunos partidos, como la FNP, rechazan totalmente el proyecto de la JCE, aunque plantearán modificaciones porque la sentencia que abrió el paso a las candidaturas independientes es impugnable.
Por ahora, el panorama revela que los partidos minoritarios no llegan a un consenso unificado, a diferencia de las organizaciones mayoritarias como el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo, que apoyan una regulación legal de las aspiraciones independientes.
La comisión especial que estudia los proyectos ahora escuchará los planteamientos de los representantes de la sociedad civil y deberá unificar las dos iniciativas que tratan el tópico, además de rendir un informe, recomendando la aprobación o el rechazo del proyecto que nació tras una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en diciembre del 2024.