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En cuatro años, el Estado dejó de percibir más de 2,000 millones de pesos por las exoneraciones a los congresistas
Eliminar de forma definitiva las exoneraciones de vehículos para los legisladores parece una buena intención para la sociedad, pero no para los congresistas, quienes se aferran a los privilegios a pesar de soltar promesas periódicamente para abandonar sus criticados beneficios.
Pese a que durante años se ha prometido eliminar las exoneraciones de vehículos a los legisladores, ninguno de los 12 proyectos de ley presentados ha prosperado porque solo se someten en momentos de presión mediática para el Congreso y luego son abandonados a lo interno de las comisiones.
En el actual período congresual, el Poder Legislativo mantiene el mismo patrón: los proyectos más recientes para eliminar las exoneraciones continúan vigentes en el papel, pero ningún congresista los defiende, promueve o siquiera los menciona.
Propuestas
En febrero de 2025, el diputado reformista Rogelio Alfonso Genao sometió una propuesta que planteaba eliminar las exenciones fiscales para la importación de vehículos, no solo para diputados y senadores, sino también para jueces, fiscales, militares y otras autoridades. El proyecto fue descartado por el rechazo del presidente Luis Abinader.
La propuesta más reciente del Senado es de noviembre de 2024, cuando el senador Félix Bautista propuso eliminar las dos exoneraciones establecidas y disponer que se entregue un vehículo a cada legislador.
A su proyecto se unió otro sometido en el mismo mes por el senador Alexis Victoria Yeb, quien buscaba que los congresistas importen un solo vehículo cada cuatro años con un tope de 200,000 dólares.
Cuando ambas iniciativas fueron depositadas formalmente, las enviaron al estudio de la comisión de Hacienda, pero el equipo no registra ningún avance con los dos proyectos, según el sistema de información legislativa del Senado.
Un patrón repetido
Desde hace más de una década, el Congreso ha servido de escenario para propuestas que limitarían el privilegio. En 2011 y 2012, los entonces senadores Tommy Galán y Félix Nova presentaron dos proyectos con esa intención que nunca se aprobaron.
En el 2014, el entonces senador Julio César Valentín propuso la limitación de las exoneraciones para reducirlas a una por periodo, en vez de dos como sucede en la actualidad.
En el 2020, los diputados Gustavo Sánchez y Jesús Ogando propusieron un proyecto de bono de 200,000 dólares para los congresistas y otro para otorgar un auto a cada congresista.
En el 2021, un grupo de 24 senadores firmó una iniciativa que incluso fue aprobada en primera lectura, y que incluía la eliminación de las exoneraciones junto a otras medidas de austeridad como suprimir el fondo social conocido como barrilito y reducir los salarios legislativos.
Sin embargo, no volvió nunca al debate ni a conocerse en segunda lectura.
También se han presentado proyectos intermedios, como el del diputado Eugenio Cedeño en 2022, que proponía mantener una sola exoneración con tope de 100 000 dólares, o el del legislador José Benedicto Hernández en 2023, que buscaba fijar un límite de 150,000 dólares para las exenciones de vehículos.
Incluso, el Gobierno intentó eliminar las exoneraciones en el proyecto de reforma fiscal discutido en octubre de 2024, pero la propuesta fue retirada tras una avalancha de críticas.
Un beneficio muy defendido
Actualmente, gracias a la Ley 57-96, los legisladores pueden acceder a dos exoneraciones por cada período legislativo de cuatro años sin un tope legal establecido. El beneficio arrastra críticas porque muchos legisladores venden sus exoneraciones y, en consecuencia, se importan vehículos lujosos y deportivos con un alto costo.
Un reporte determinó que, durante el periodo comprendido entre julio del 2020 y julio del 2024, los congresistas importaron 499 autos de lujo y deportivos de marcas como Ferrari o Lamborghini. Las importaciones millonarias provocaron que el Estado dejará de percibir 2,140 millones de dólares.
Aunque en el momento de su introducción los proyectos son anunciados con una intención de agilizar su aprobación, la mayoría queda engavetada en comisiones sin fecha de discusión y desaparece del debate público.
