La Fuente RD
Hacen un llamado a las autoridades del Poder Judicial para que tomen cartas en el asunto, reforzando la seguridad en los distintos tribunales y dotando de armas y personal de seguridad a los jueces.
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (ADOJUPA) advirtió sobre situaciones de grave riesgo para la seguridad de jueces y demás servidores judiciales, dado que usuarios se presentan en salas de audiencia portando armas y exhibiéndolas con fines de intimidación.
La junta directiva del gremio citó como ejemplo el ataque público mediante amenazas proferidas por una usuaria contra la jueza Alejandra Reyes Custodio, del Primer Juzgado de la Instrucción de La Altagracia y su familia. Aduce que este hecho fue ampliamente difundido en los medios de comunicación y que ocurrió en presencia de autoridades del Poder Judicial.
Sostiene que la seguridad e integridad de jueces y juezas son esenciales para sostener el Estado de Derecho, a través de la administración de justicia.
“Nuestra labor, que implica decidir en aplicación de la Constitución y las leyes, nos expone de manera constante a ataques y amenazas personales”, apunta la asociación.
Señala que la tarea de resolver conflictos no es sencilla, ya que exige juzgar de acuerdo con el marco legal y no ceder ante presiones populistas o la opinión pública, tal como lo destacó Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Juristas, durante la reciente celebración del World Law Congress (Congreso Mundial de Derecho).
Destaca que no en vano el legislador dominicano estableció, desde hace 20 años, que todos los jueces del orden judicial tienen derecho a que el Estado les provea un arma de cualquier calibre para su defensa personal.
Igualmente, señalan que deben contar con custodia personal y familiar permanente, según el artículo 50 de la Ley 327-98 sobre Carrera Judicial, ya que no se prevé como una opción, sino como un derecho exigible.
Sin embargo, precisan que en la actualidad estas disposiciones no se están aplicando en beneficio de la mayoría de los jueces y juezas que integran el Poder Judicial, pese a años de solicitudes en ese sentido, dirigidas tanto por los jueces a título personal como a través del gremio, y que no han recibido respuesta alguna.
“Así como es necesario resolver los problemas que surgen, también es de suma importancia prevenirlos. La seguridad de jueces y juezas debe ser prioridad, no como respuesta a una situación que culmine en tragedia”, aduce la asociación.
Realizan un llamado a las autoridades del Poder Judicial para que tomen cartas en el asunto mediante la ejecución de dichas disposiciones, con acciones concretas para el reforzamiento de la seguridad en los distintos tribunales y para la dotación de armas y personal de seguridad para los jueces.
“No se trata de un caso aislado, sino de una problemática que afecta a todo este colectivo, conformado por quienes velamos por el cumplimiento de la ley”, enfatizan.
