La Fuente RD
SANTO DOMINGO.- El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación en República Dominicana (Caesco) emitió un informe preliminar sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, en el que advierte la necesidad de mantener un enfoque corregulador y multiactor en la normativa.
Mediante un comunicado, la institución consideró esencial que el marco legal permita la participación activa del Estado, empresas de servicios digitales, medios de comunicación, periodistas y creadores de contenido en los procesos de regulación.
Caesco valoró de forma positiva que el anteproyecto exija a las plataformas digitales transparencia en el funcionamiento de sus algoritmos, especialmente en los de moderación y recomendación de contenidos, debido al impacto que estos tienen en la definición de la libertad de expresión en los entornos digitales.
Asimismo, el organismo resaltó la importancia de incluir en la ley el tratamiento de la Inteligencia Artificial (IA), por su creciente incidencia en la creación y manipulación de contenido, lo cual puede afectar contextos sociales sensibles como elecciones, seguridad y salud pública.
El presidente de Caesco, Miguel Otáñez, señaló que uno de los aspectos fundamentales ausentes en el anteproyecto es la alfabetización mediática y digital, herramienta indispensable para que la ciudadanía pueda participar de manera activa y responsable en la corregulación, invocar el debido proceso y ejercer plenamente sus derechos.
Otáñez también advirtió que el principal desafío de esta ley será su implementación práctica y legitimidad, por lo que llamó a establecer códigos de conducta, reglamentos y procedimientos que respalden su aplicación sin caer en la sobrerregulación o en una normativa inoperante por falta de recursos.
Finalmente, Caesco reconoció que el proyecto conserva garantías importantes como la prohibición de la censura previa, la protección del secreto profesional y la cláusula de conciencia, la seguridad de los periodistas, la pluralidad y neutralidad tecnológica, y el acceso universal a internet como derecho esencial en la era digital. No obstante, advirtió sobre la necesidad de evitar ambigüedades legales que puedan debilitar la protección de los derechos fundamentales y el clima democrático en un entorno de constante avance tecnológico.
